ANECA, aka la Congregación para las Causas de los Santos

Rubén Sánchez Medero

ANECA, aka la Congregación para las Causas de los Santos

La Congregatio de Causis Sanctorum (Congregación para las Causas de los Santos), una de las nueve Congregaciones de la Curia, es la encargada de estudiar milagros, actos de martirios y proponer personas para la santidad. Al menos veinte años de evaluación para considerar si ese mérito de difícil calificación, la santidad, es alcanzada por un mortal. Un proceso que, al parecer, puede ser menos exigente que los criterios que ha fijado la ANECA, vía RD 415/2015, para reunir las condiciones para competir por una plaza de funcionario, este es, una plaza de Profesor Titular de Universidad.

Un nuevo modelo de acreditación que ha puesto en pie de guerra a unos PDI que, sorprendidos por los acontecimientos, se han puesto rápidamente a buscar entre sus CV los méritos necesarios para alcanzar el nivel de santidad que la Administración exigirá a partir de ahora:

• Virtudes heroicas: poca cosa, solo alcanzas el grado de Venerable... te quedas en becario postdoc. 
• Virtudes heroicas y un milagro: Beato, vas por el buen camino pero te has quedado corto. Eso sí, si aún no has acreditado un milagro como un algoritmo que escupe papers del primer cuartil por la impresora, puedes convalidar ese mérito por un martirio… por ejemplo, morir aplastado por una pila de burocracia, de prácticas y exámenes por corregir… eso, o que consideren completar la aplicación de la ANECA como mérito acreditable. 
• Virtudes heroicas y dos milagros: Santo, enhorabuena. Las puertas de la Academia se abrirán para ti, aunque luego tu departamento no convoque una plaza porque la tasa de reposición o el RD 20/2011 lo impidan. 

El nuevo modelo de acreditación de la ANECA presenta una serie de ventajas que nosotros, PDI cabreados, no terminados de advertir por el ombliguismo en el que nos encontramos, y es que mientras realizamos el complejo cálculo de méritos hemos pasado por alto lo verdaderamente importante. La bondad del nuevo sistema de acreditación no está en los desorbitados criterios sino en la seria advertencia que la Administración ha realizado en los últimos años: el modelo de función pública que conocíamos hasta ahora está en extinción. La precarización, externalización y deterioro de la Administración y el empleo público ya están aquí, y aunque excusábamos el proceso con la crisis, se trata de una situación que tiende a cristalizarse. Menos funcionarios, más laborales precarios, mismas exigencias, menos contraprestaciones… un nuevo círculo virtuoso que en otras áreas como la Sanidad llevan años viviendo y que en la Universidad se encuentra solo a medio camino.

La política laboral universitaria, explicado grosso modo, presenta una serie de particularidad que, sin ser amigo de las teorías de la conspiración, llevan a unas conclusiones precipitadas pero plausibles. Si fijamos unos méritos muy elevados para ser funcionario (plazas que paga la Administración) solo se puede estabilizar laboralmente al personal investigador por abajo, esto es, en la figura de contratado doctor (la pagan las universidades). Plazas que, debido a su elevado coste (algo que está entre el mito y la leyenda), las universidades, tradicionalmente, no sacan para no mermar su presupuesto. Es decir, desaparecen las posibilidades de promocionar, al menos las de hacerlo dentro del modelo formal, que para tipos de contratos temporales ya pondremos a trabajar la imaginación. Menos recursos para personal y mismas necesidades docentes… salvo que apostemos por el 3+2. El paso a grados de tres años elimina automáticamente un cuarto de las necesidades de personal. Reducción de la docencia a una carga perfectamente asumible por el personal funcionario actual y el ejército de Asociados al que la Administración encarga la formación de su futura elite (dependiendo de las universidades y los grados, pueden ocuparse de hasta el 60% de la docencia). Una externalización que, sin recurrir a una ETT, lleva a una precarización de la actividad docente que, sin embargo, sigue sin resolver ese otro compromiso por la excelencia, la investigación. Si estamos dispuestos a exigir que los Profesores Asociados trabajen fuera de la universidad (muerte a los falsos asociados!), den nuestras clases por una miseria salarial y que encima publiquen JCR como churros, o nos hemos vuelto gilipollas o directamente hemos apostado por un modelo de obra y servicio en el que la calidad es lo de menos. 

Una de las particularidades de este nuevo sistema, y cuya adecuación con el principio de equidad habría que valorar, es la existencia de distintas modalidades de acreditación: i) Modalidad «A», unos criterios verdaderamente exigentes (más adelante repasamos algunos) para la actividad investigadora; ii) Modalidad «B», para la evaluación de la docencia e investigación, más asequible. Ambos itinerarios dan la acreditación para la titularidad, pero lo que no queda claro es cómo se producirá la posterior convocatoria de plazas. ¿Convocaremos plazas de Titular Modalidad «A»? En una plaza sin perfil, ¿un candidato «A» ganará de manera automática a cualquier «B»? 

La reforma del modelo de acreditación de la calidad de la actividad docente e investigadora del PDI, evaluación total y absolutamente necesaria, expulsa de la carrera académica a prácticamente la gran mayoría de los profesores del sistema universitario español. Principalmente porque el nivel de exigencia es tan elevado que los estímulos para reunir los requisitos necesarios para estabilizar su situación laboral casi desaparecen. Una situación que se da y reproduce desde hace años en el mercado laboral, ese que está más allá de los muros de la universidad en eso que llaman la vida real y que empieza a golpear con fuerza en el ámbito público. Si en el anterior modelo uno tenía el estímulo de poder reunir todos los méritos para competir por su titularidad a los ± 40 años, ahora solo podrá hacerlo, en el mejor de los casos, una década más tarde. Es decir, sus expectativas vitales y académicas quedan condicionadas a la precariedad laboral. Algo que, probablemente, han calculado mal, pues si los PDI nunca podremos a ser funcionarios, estabilizarnos por arriba, al menos intentaremos ser indefinidos mediante la fórmula de contratado doctor, estabilizarnos por abajo. Caldo de cultivo de una presión social y política que pronto veremos florecer, aunque también es posible que no, que sigamos mirándonos al ombligo. 

Si repasamos la reforma del sistema de acreditación, objeto de debate durante esta última semana, y referido al campo de las ciencias sociales (cada uno tiene su martirio particular), son muchas las cosas que nos llaman la atención y hacen difícil alcanzar el nivel de excelencia necesario para conseguir ese cromo con el que, a partir de ahora, dejaremos de soñar: 

• Mínimo de 30 publicaciones (a lo Kim il-Sung!). 10 de ellas deben ser JCR (Q1/Q2) o SJR (Q1). Si tenemos en cuenta la periodicidad de publicación de las revistas en nuestra área (bastante inferior a la de otras disciplinas, sobre todo entre las de primer nivel) y la lentitud del proceso de peer review, desde que se envía un artículo hasta que se publica pueden pasar entre 12 y 16 meses, eso nos da un total… viva el Un, dos, tres… más de 10 años para los artículos premium y otros tantos para el resto de aportaciones. Se rumorea que en Thomson Reuters están descorchando botellas de champan a una velocidad de cuatro JCR por minuto. 
• IP de, al menos, cuatro proyectos competitivos de tres años I+D nacionales o europeos (ERC, Horizonte 2020...) con resultados contrastables, es decir, tesis doctores y/o publicaciones en JCR. Otros doce años para conseguir el mérito y, encima, con la obligación de perseguir por tierra, mar y aire a los becarios para que terminen su tesis y la publiquen. 
• Dirección de, al menos, seis tesis doctorales que den lugar a publicaciones en el Q1/Q2 y/o premios nacionales/internacionales. Es decir, más persecución a los pobres doctorandos para que no solo acaben su tesis sino que además la envíen a revistas del primer cuartil para mayor gloria de la universidad española. 

Estos dos últimos méritos tienen especial relevancia en la descripción del nuevo círculo virtuoso pues, dado el escaso nivel de financiación del I+D en España y su estructura normativa, es de una enorme dificultad que un PDI que no ha sido antes IP, sin sexenios (vivos o muertos), sin ser Titular… obtenga un I+D que le dé la suficiente experiencia para pedir posteriormente un Europeo con alguna garantía de poder competir por su concesión. Y si no accedemos a esos proyectos, es igualmente complejo tener a esos becarios que inicien su carreta académica con nosotros mediante una FPI u otro tipo de contrato predoctoral. No solo eso, en la normativa de la mayoría de estos contratos predoctorales, uno de los méritos que se valoran para las concesiones es la trayectoria de los directores… categoría, IP, proyectos, sexenios… es decir, que la mayoría de los futuros doctorandos optimizan esfuerzos y apuestan por los Titulares o Catedráticos del área correspondiente. ¡Vida la Edad Media! 

• Tener, la menos, tres tramos de investigación evaluados favorablemente por el CNEAI. De flamenca del WhatsApp… dado que los tramos de evaluación solo se pueden evaluar en el caso de los PDI funcionario y/o indefinido, este mérito resulta prácticamente inalcanzable salvo para aquellos que, en un despiste de la universidad, pudieron sacar su plaza de Contratado Doctor. Mérito para una minoría, otro requiebro al principio de igualdad. 
• Docencia (solo para la modalidad «B» que en la «A» es pecado mortal): al menos cinco años de clase (unas 600 horas), siempre que la evaluación de la docencia sea positiva y todas ellas se hayan impartido después de haber obtenido al grado de doctor. Repasemos… si la Administración no convoca plazas de Ayudante Doctor (que además tienen su carga docente y duración contractual limitada) ni Contratado Doctor, ¿qué tipo de contrato puede tener un PDI en la Universidad para sumar esas horas de docencia de grado sin caer en un fraude de ley? 

Despidámonos del modelo universitario español conocido hasta este momento pues esto no solo afecta al sistema de contratación. La calidad, ese concepto que parece enemigo de la excelencia, y el valor de la educación como un bien público, corren el riesgo de verse sepultado por la creación de unos PDI autómatas que dediquen las 25 horas del día (sí, hace falta una hora extra al día para cumplir con todas las exigencias) a publicar artículos como churros sin la debida reflexión teórica, crítica… algo que dificulta enormemente el avance de las ciencias. Puede que al final sea más justo que la ANECA, en lugar de transmutarse en la Congregación para las Causas de los Santos, lo haga en la Congregación para la Doctrina de la Fe, esto es, la antigua Inquisición, al menos los inquisidores te daban la oportunidad de demostrar tu servidumbre a Dios.