Yo quemé mi bandera
«America, the red, white, and blue, we spit on you,
you stand for plunder, you will go under»
Un pedazo de tela, unos colores, puede que algún escudo o símbolo, a veces una leyenda… en definitiva, una bandera. Un trozo de trapo que simboliza la suma de determinados valores, posiciones políticas, un equipo de fútbol, un banco… con los que se identifica un grupo de personas que, en mayor o menor medida, se organizan en torno a esa representación. Un expresión no verbal contra la que solo caben otras expresiones no verbales, como levantarse a su paso, rendir un emocionado homenaje mirando al infinito a lo candidato a la Comunidad de Madrid... o prenderle fuego.
No era la loca década de los sesenta, con las comunas hippies haciendo un submarino de récord olímpico al tiempo que se oponían a la guerra de Vietnam, sino los horteras años ochenta. Esa combinación de mal gusto e improvisado descubrimiento de la libertad de la que todavía algunos siguen viviendo, también vio como eran muchos los que se manifestaban en medio mundo contra la proliferación del armamento nuclear.
En una de esas protestas en las que se gritaba proclamas como la que abre esta entrada, o como «Reagan, Mondale, which will it be? Either one means World War III», había un joven llamado Gregory Lee Johnson, miembro de la Brigada de las Juventudes Comunista Revolucionarias, que como acto de protesta decidió quemar una bandera de los Estados Unidos. Y no lo hizo en un país cualquiera de Oriente Medio, con su barba, su turbante bien apretado y una multitud de gente disparando al aire como siempre sale en FOX News, sino en Texas, en los mismísimos Estados Unidos (aunque Texas no deje de pedir la secesión - y el gobierno federal de negarla), a la entrada de la Convención que celebraba el Partido Republicano del año 1984.
Johnson fue arrestado y puesto a disposición de la autoridad judicial, quien sentenció al joven a un año de cárcel y al pago de una multa de 2.000$ por la profanación de un objeto de máxima veneración y protección. Con la bandera no se juega, debió pensar el juez, y además tenemos una ley que te envía a la cárcel unos meses para que reflexiones sobre ello. Claro que Johnson decidió recurrir la sentencia, y tras perder el primer recurso llegó a la Corte de Apelaciones Criminales de Texas (el máximo tribunal estatal) donde la sentencia fue revocada. El fallo de la Corte de Apelación se fundamentó en la Primera Enmienda Constitucional (aquella que protege la libertad de expresión): la quema de la bandera se interpretó como una manifestación política, como una forma de expresión de una posición que recibía la máxima protección de la Constitución, por lo que no cabía ley en sentido contrario.
Texas, no conforme con la resolución judicial, elevó el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos al entender que la bandera simbolizaba la unidad nacional y que, por tanto, debía contar con un mayor nivel de protección que un acto individual de expresión como el que había protagonizado Johnson. En 1989, y tras muchas deliberaciones, el máximo tribunal federal falló en el caso Texas vs Johnson con 5 votos a favor y 4 en contra. Un ajustado resultado que dio paso a una histórica sentencia, redactada por el Juez William Brennan, que reconocía la quema de la bandera como un «discurso no verbal» que quedaba bajo el amparo de la Primera Enmienda ya que no solo protegía actos verbales, sino todos aquellos que pudieran considerarse expresión de cualquier opinión o posición política y se entendiesen como tal (en un sentido más conservador el propio tribunal aclaró que los “actos no verbales” no eran infinitos, siempre debían tener la intencionalidad de enviar algún tipo de mensaje).
La Primera Enmienda recoge expresamente la prohibición de aprobar cualquier tipo de ley que limite la libertad de expresión, motivo por el que la Corte Suprema ordenó derogar todas las leyes estatales que situasen la protección de la bandera (u otros símbolos nacionales) por encima de este derecho fundamental. Así, 48 estados se vieron obligados a derogar sus leyes (solo Wyoming y Alaska no habían aprobado ningún tipo de legislación que garantizase la máxima protección a los símbolos nacionales).
La decisión provocó una oleada de críticas que permitió, o invitó, al Congreso aprobar una ley contra la profanación de la bandera, dotando al objeto de la máxima protección legal y situándolo al mismo nivel que la Enmienda. Una ley que fue enviada a la Corte Suprema quien, en la sentencia Estados Unidos contra Eichmann, volvió a resolver por idéntica mayoría que la ley era inconstitucional. A los legisladores, atrapados en esta disyuntiva y deseosos evitar lo que ellos entienden como la profanación de la bandera, solo les ha quedado una salida: promover una nueva enmienda a la Constitución para que los símbolos nacionales gocen de la máxima protección. Un propósito que ha recibido en varias ocasiones el beneplácito del Congreso pero que ha sido detenido por el veto del Senado.
La importancia del fallo no está en lo judicial, que podríamos resumir vagamente en la ordenación jerárquica de normas, sino en su componente político: el reconocimiento de la libertad de expresión como un hecho anterior a la nación, al Estado o la Constitución misma, que pertenece al individuo y de la que solo él puede limitar su ejercicio. Sin esa libertad de expresión, germen de la acción colectiva, ninguna iniciativa política podría culminar en la formación de una comunidad política. Un reconocimiento ulterior del individualismo que centró los debates constituyentes y cuyas posiciones se vieron reconocidos con la aprobación de la Primera Enmienda, que satisfacía la petición de limitación del poder estatal que habían reclamado los antifederalistas en los célebres debates de la Convención de Filadelfia de 1787 y en los que George Mason solicitó la inclusión de una lista de derechos en la Constitución como una garantía ‘de defensa’ contra la creación de un fuerte poder federal que amenazaba la libertad de los estados fundadores, las comunidades locales y los individuos. Las libertades civiles quedaron garantizadas con la incorporación de la Bill of Rights y con ello la viabilidad del proyecto federal estadounidense.
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