La AVT, un (incómodo) positional issues

Rubén Sánchez Medero

La AVT, un (incómodo) positional issues

Donald Stokes realizó una distinción sencilla en lo que tiene que ver con la toma de posición que adoptan los actores políticos (principalmente los partidos) respecto a los temas de interés político: temas transversales o de consenso (valence issues) y temas posicionales (positional issues). Los primeros se refieren a aquellos temas que o bien ofrecen una baja conflictividad, y que por tanto los distintos actores políticos no entran en confrontación por su gestión, o aquellos temas importantes, esos que se consideran “temas de Estado”, que no dan lugar a discusión alguna y en los que los distintos actores políticos alcanzan importantes consensos. Están de acuerdo en una posición básica en los objetivos a alcanzar y casi siempre en el modo de hacerlo (es posible que existan divergencias sobre cómo alcanzar el objetivo, pero el consenso sobre el mismo evitará -dentro de lo razonable- polémicas sobre el procedimiento). 

Por su parte, los temas posicionales son aquellos en los que los actores políticos toman distintas posiciones, generalmente de confrontación, sobre un asunto concreto. Estos actores, casi siempre partidos, responden desde posiciones ideológicas elaborando una propuesta que intenta afrontar la transformación de la realidad política, social… para alcanzar un determinado modelo de sociedad. Evidentemente el consenso que puede alcanzarse en este asunto, si es que se alcanza alguno, es reducido y será fruto de una compleja negociación. Son estos temas los que ofrecen una más evidente influencia en el posicionamiento de los ciudadanos, sobre todo por su identificación partidista, en el plano político. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el comportamiento político (y electoral), la gestión que los partidos hagan de los temas de consenso, principalmente por la importancia que le conceden los ciudadanos, pueden ejercer una fuerte influencia.

Tradicionalmente en la política española ha existido un tema transversal o de consenso que ha ofrecido muy pocas mutaciones, la política antiterrorista. Un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que, pese a los cambios de gobiernos y episodios poco honrosos para un Estado de Derecho como la ‘guerra sucia’ y la crispación política y mediática que generó, se mantuvo prácticamente intacto. Sin embargo, durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero se produjo un cambio en este sentido. Por primera vez un Presidente, tras una serie de contactos informales que arrancaron años antes, asumía formalmente un proceso de negociación con ETA, incluida la autorización del Congreso de los Diputados, y provocaba una reubicación de los distintos actores respecto a la política antiterrorista. Un tema de consenso que pasaba a convertirse en un tema posicional dentro de la competición partidista, principalmente por la oposición de un Partido Popular que entendió que el medio pretendido para alcanzar el objetivo último (el fin de ETA) traicionaba a las víctimas del terrorismo y doblegaba al Estado (fundamentalmente por el cambio de la vía tradicional, la policial -sobre todo en un momento en el que la banda terrorista parecía ya derrota- por la búsqueda de una solución negociada). Un juego al que el PSOE no tuvo inconveniente en incorporarse dada cuenta de la aceptación que según sus números tenía el proceso de negociación. Y es que a nadie se le escapa que el objetivo final de incorporar un tema de consenso a la confrontación partidista no es otro que posicionar a los ciudadanos, electores, intentando influir en su futuro comportamiento electoral.

El problema surge cuando la política antiterrorista alcanza una dimensión difícilmente controlable, la incorporación de las víctimas al debate político. Una víctimas que cuentan con una legitimidad incuestionable y que en un primer momento van de la mano de un Partido Popular que en su estrategia de ganar la calle durante el primer Gobierno Zapatero no dudó en promover y participar en manifestaciones contra la negociación de ETA. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurría, las negociaciones parecían fracasar y las encuestas no indicaban una modificación significativa en el comportamiento electoral (únicamente tras el atentado de Barajas que suponía la ruptura de facto de la negociación y la tregua el PP avanzó en intención de voto respecto al PSOE) se produjeron dos movimientos divergentes: por un lado una de las principales asociaciones de víctimas de ETA, la AVT, se volvió más exigente en sus demandas y en las acciones a emprender, ganando autonomía respecto al PP y, en segundo lugar, el Partido Popular se vio aparentemente atrapado en una situación de la que deseaba salir para reconfigurar su estrategia política y electoral, con gestos difícilmente compresibles no solo para las víctimas sino para algunos de sus dirigentes más significativos en lo que tenía que ver con la lucha contra ETA o su relación con los nacionalistas y que provocó algunos momentos de crisis como la salida de María San Gil.

Tras la sentencia de Estrasburgo que ha tumbado la doctrina Parot las víctimas, principalmente la AVT, ha manifestado su oposición a la postura que el Gobierno de Rajoy ha mantenido durante todo el proceso. La AVT se ha convertido en un positional issues autónomo en sí mismo, que sigue tomando posición respecto a la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero (dos años después de su salida) y empieza a hacerlo respecto a la de Rajoy. La excarcelación de Bolinaga fue un primer momento de ruptura, pero parece que la sentencia de Estrasburgo ha trastocado la relación entre la asociación y el PP, o al menos con parte del PP. El principal problema que se le presenta a los populares es que la AVT empieza a actuar como un actor político más del sistema, sin necesidad de ir acompañado o tutelado. Si la AVT consigue mantener la política antiterrorista como un positional issues capaz de influir en el comportamiento electoral de los ciudadanos, o al menos como un elemento que incorporen dentro del cálculo que realizan a la hora de decidir el sentido de su voto, e incluso si vuelve a convertirse en un tema consenso, la oposición de esta asociación a las políticas del PP (abucheos incluidos) puede presentar un grave problema para este partido y una oportunidad para un tercero que pueda encontrar una mayor sintonía con el discurso de las víctimas. Claro que también es posible que la influencia que la asociación ejerce sobre los ciudadanos, más allá de la inmediatez del impacto mediático en momentos puntuales como este, se haya visto sobrevalorada. Veremos.