Congreso deconstruido, espuma de diputado

Rubén Sánchez Medero

Congreso deconstruido, espuma de diputado

El Congreso de los Diputados, dentro de la estructura formal de un régimen parlamentario (que comparte con el Senado) tiene asignadas una serie de funciones. Principalmente cuatro: legislativas, electorales, de control político del Gobierno y representación de la soberanía popular. Un encargo constitucional que, en algunos aspectos, se ha ido difuminando.

El Legislativo recae sobre las Cortes Generales y, dentro de la asimetría prevista por la Constitución, el Congreso adquiere un sobrado protagonismo. A pesar de la importancia del mandato constitucional poco a poco el Gobierno ha amortiguado esta función favoreciendo los Real Decreto-Ley. El Ejecutivo hurta la capacidad legislativa de la Cámara a través de esta figura con rango de ley acortando todo el proceso legislativo a una convalidación (los Decretos-Ley tienen un carácter provisional, por lo que deben ser aprobados o rechazados por el Congreso antes de 30 días) como proyectos de ley tramitados por el procedimiento de urgencia. Una fórmula con un enorme sentido de oportunidad política que debe emplearse formalmente en pocas ocasiones (de extraordinaria y urgente necesidad) y que tenía por objetivo dotar a los primeros gobiernos de la democracia de la agilidad necesaria para iniciar las reformas imprescindibles en el arranque de la transición. Sin embargo, más allá de estos momentos en los que está plenamente justificado su uso, se ha abusado de esta figura legislativa vaciando de contenido deliberativo el debate legislativo. 

Una de las funciones más importantes que tiene el Congreso es la electiva. La Cámara es un órgano electoral que tiene encomendada la misión de elegir al Presidente del Gobierno, recibiendo su legitimidad democrática directamente de ésta. Plena eficacia en esta misión. Pero no solo elige al inquilino de La Moncloa, también debe ocuparse de la elección de miembros de otros órganos como los magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, el Consejo de RTVE o la Junta Electoral Central, entre otros. Un aspecto inserto dentro de la negociación partidista y muy alejado de la puramente institucional si atendemos a las constantes situaciones de bloqueo que se producen en la renovación de muchos de estos órganos, especialmente aquellos de gran sensibilidad política, en las que los dos principales partidos a menudo no consiguen acuerdo para evitar una parálisis que evidencia una ineficaz gestión de esta función asignada*. 

Una de las atribuciones más vistosas del Congreso es la de controlar políticamente al Gobierno. Las famosas preguntas e interpelaciones a los miembros del Gobierno, con su Presidente a la cabeza, dentro de la sesión de control. Pregunta, respuesta breve, réplica y respuesta extendida. Cuestiones pegadas a la actualidad política que se presentan ante la Mesa del Congreso y que deben ser aprobadas para pasar al Pleno (las interpelaciones, además, podrán dar lugar a una moción que fije la posición de la Cámara). Si atendemos a la actividad desarrollada en todas las Legislaturas podemos observar como a medida que el régimen parlamentario se consolida el número de preguntas al Gobierno, en sus distintas modalidades, aumenta (aún con el descenso en la segunda Legislatura de Zapatero). 

Dentro de esta función de control político se encuentra el control político secundario que se realiza en la Mesa por parte del Grupo Parlamentario que sostiene al Ejecutivo y que filtra aquellas preguntas que pueden resultar inadecuadas al Presidente o para algún Ministro. Potestad que el reglamento concede y que los partidos exceden limitando, cuando no falseando, el debate político de la Cámara. Objeto de polémica que estas semanas ha protagonizado la actualidad política al evitar el Grupo Parlamentario Popular en repetidas ocasiones la comparecencia del Presidente del Gobierno para aclarar su participación en la trama Bárcenas. 

Sin duda, dentro del control al Gobierno, aún no siendo un instrumento previsto por la Constitución, el más importante es el Debate sobre el estado de la Nación que Felipe González introdujo en la vida parlamentaria española en 1983**. Un modelo importado que intentaba incorporar los grandes debates a las Cámaras de representación, dotando de mayor dinamismo político al Congreso y favoreciendo una mayor visibilidad del trabajo los diputados. En la historia del parlamentarismo español han tenido lugar un total de 23 debates.

• Felipe González – 10
• José María Aznar – 6
• José Luís Rodríguez Zapatero – 6
• Mariano Rajoy - 1

El más severo control que la Cámara puede realizar sobre el Presidente del Gobierno es la presentación de una moción de censura, que en el caso español tiene carácter constructivo. Una herramienta que ha sido empleada en dos ocasiones aún sin propósito real de obtener un resultado favorable. Tanto en el caso de Felipe González (que la presentó en 1980 contra Adolfo Suárez) como en el de Antonio Hernández Mancha (interpuesta contra Felipe González en 1987) tienen más de elemento de promoción política de un candidato alternativo al Presidente que de control al mismo.

Parejo a este instrumento, aún con una menor carga política, se encuentra la cuestión de confianza. El Presidente consulta voluntariamente, generalmente ante una situación delicada, el apoyo que la Cámara le brinda a él o a su línea de gobierno. Es decir, trata de renovar el apoyo parlamentario que le brindó el Congreso en su nombramiento. Empleada únicamente en dos ocasiones, en 1980 por Adolfo Suárez (que deseaba medir el apoyo de su Grupo Parlamentario para poner en funcionamiento su programa económico y el desarrollo del Estado autonómico) y en 1990 por Felipe González (que quería iniciar una especial política de diálogo en materia económica y desarrollo autonómico).

Por último, el Congreso de los Diputados comparte con el Senado la representación de todos los españoles. La soberanía popular descansa en las Cortes Generales y se articula a través de los Grupos Parlamentarios (en los que se integran los partidos políticos). Una función cada vez más en entredicho. Los ciudadanos desde hace un par de años identifican a los políticos y los partidos como uno de los principales problemas de España. Una valoración que se hace extensiva para toda la clase política y que no puede focalizarse únicamente en el Congreso. No obstante, dada la importancia que la Cámara tiene, no solo por la actividad que desarrolla sino también por la visibilidad que alcanza, parece claro que es sintomático de la situación en la que se encuentran las instituciones políticas del Estado. Los ciudadanos cada vez quieren saber menos de sus políticos, que no de la política ("No son los partidos, sino estos partidos", ilustrativo título del artículo de José Juan Toharia en el que aborda este problema), lo que puede hacer fracasar a las Cortes como sede del debate político. Más cuando se conjuga con la corrupción como problema endémico de la política española.

Actitudes como la del Presidente del Gobierno, que ha tratado de evitar su comparecencia sobre el caso Bárcenas hasta el último momento en un ortodoxa aplicación de la doctrina Arriola ("tú aguanta que todo pasa"), o la del Jefe de la Oposición, que ha amenazado tanto como ha amagado con presentar una moción de censura para que Rajoy acuda a la Cámara cuando este instrumento no prevé un debate político sobre un asunto como este ni obliga al Presidente a acudir (y mucho menos a debatir)***, hablan, en suma, de un desprecio por las instituciones. La muerte de un parlamentarismo que nunca fue tal y que en muchos de sus aspectos ni tan siquiera ha tratado de disimularse  levemente. Un@s diputad@s atenazados por sus partidos y que han sido incapaces de dotar del necesario dinamismo a la actividad parlamentaria, priorizando ganar los debates legislativos, políticos, de control al Gobierno… en los medios de comunicación antes que en la Cámara. Y en realidad, pese a la crítica que pueda realizarse, hacen bien, pues da mucho más votos y presencia política ganar un debate mediático sobre cualquier acción de gobierno o proposición de ley que explicar su contenido en un Pleno del Congreso. Bienvenidos a la democracia electoral. Y es que la deconstrucción del Congreso no solo se produce desde dentro, también hay un factor exógeno: la falta de una sociedad crítica que exija a sus instituciones políticas el cumplimiento de sus funciones. Extremo en el que unos desmovilizados ciudadanos han venido fallando en las últimas décadas. 

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* Baste como ejemplo la situación de bloqueo que se produjo tras el fallecimiento de Roberto García-Calvo, magistrado del Tribunal Constitucional. Nombrado por el Congreso a propuesta del Grupo Popular, tras su muerte en 2008 PSOE y PP fueron incapaces de acordar su reposición, extendiendo el conflicto a la renovación de los miembros que le correspondía elegir al Senado, lo que provocó que el Constitucional operara con 11 miembros durante casi tres años.

** En aquella primera ocasión se bautizó con el título de Debate sobre la situación general de España.

*** Por ejemplo, la moción de censura que Felipe González interpusó contra Adolfo Suárez, tras la presentación del candidato, fue defendida por Alfonso Guerra el Grupo Socialista y rebatida por Rafael Arias-Salgado del Grupo Parlamentario de UCD. El Presidente Suárez no intervino.