Cómo se financian los sindicatos


"El abrazo", Juan Genovés (1976)
Después de la entrada dedicada a la financiación de los partidos políticos españoles parecía adecuado escribir una segunda entrada sobre el modo en el que se financian las organizaciones sindicales [próximamente una tercera sobre cómo lo hacen las organizaciones empresariales].

Más allá de los sindicatos verticales, las organizaciones sindicales se incorporan a la vida política, abandonando la clandestinidad o creándose, durante la Transición. En un primer momento los sindicatos entran en escena reclamando su legalización y contribuyendo a forzar, o al menor procurar, la legalización de los partidos a los que se encuentran vinculados. Pronto fueron reconocidos como actores necesarios, celebrándose una particular puesta de largo con los Pactos de la Moncloa. Acuerdos alcanzados en octubre de 1977 y en los que tanto Gobierno, partidos, organizaciones empresariales y sindicatos (no todos) participaron, creando lo que se conoce como “la concertación social”. Un elemento que se ha mantenido prácticamente inalterable. Únicamente se ha desechado a los partidos de las reuniones entre el Gobierno, empresarios y sindicatos para tratar todas aquellas cuestiones relacionadas con el ámbito laboral. Una especie de cámara de representación alternativa en la que las dos partes más distantes acuden a negociar o conciliar, según el caso, y en el que el Gobierno tiene, al menos se presupone, la iniciativa.

Suárez firma los Pactos de la Moncloa
Este modelo de concertación social no está exento de polémica puesto que no todas las organizaciones, de una u otra naturaleza, participan y, derivado de este hecho, muchos creen que la representación no está garantizada. Exigiendo el traslado de estas negociaciones a las Cámaras de representación, esto es, a las Cortes. En cualquier caso, tanto la concertación social como la participación de los sindicatos en la negociación colectiva dan lugar a la entrada en la financiación pública de estas entidades. Su actividad más allá del ámbito relacionado estrictamente con la defensa de sus afiliados es la que justifica el apoyo financiero por parte de las administraciones públicas.

Los sindicatos, al igual que los partidos, son entidades privadas cuya financiación combina una fórmula mixta de recursos privados y públicos. La captación de recursos, una de las cuestiones más polémicas de su actividad y que da lugar a una zona oscura a la que el desconocimiento de los mecanismos de financiación contribuyen a crear interpretaciones no necesariamente ajustadas con la realidad. Algo a lo que los propios actores implicados y las administraciones tampoco ayudan. Cuestión que quedaría resuelta con la incorporación de estas entidades en la futura Ley de Transparencia. Algo en lo que parece que ya se trabaja.

¿Cómo se financian los sindicatos?

Para empezar es necesario hacer una distinción entre lo que identificamos como fuentes de financiación (lo que los sindicatos llaman ‘financiación por actividad principal’) e ingresos diferentes a las fuentes de financiación propiamente dichas.

Principales fuentes de financiación:

- Cuotas de afiliados.
- Subvención por delegados. De origen público, partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado y en los Presupuestos de las Comunidades Autónomas que se reparte en función de la representación que los sindicatos obtienen en las elecciones sindicales.

Fuentes de financiaciones secundarias y fuentes indirectas:

- Donaciones (o cesiones) al sindicato de sus miembros que ocupan cargos de representación. Por ejemplo aquellos que forman parte del consejo de una caja de ahorro y entregan parte de su sueldo.
- Asesoría jurídica. Los sindicatos facturan por los servicios jurídicos prestados a los trabajadores. En función de diversos criterios. No todos los sindicatos gestionan su asesoría de igual modo. 
- Rendimientos de capital. Aquellos que puedan derivarse de sus activos.
- Reposición de bienes inmuebles. Devolución paulatina de propiedades que fueron expropiadas durante la dictadura franquista.
- Cesión de espacios dentro de las empresas o instituciones donde realizan su actividad.
- Coste de los liberados. Categoría que se presta a la interpretación. Los empresarios afirman que tienen que compensar las horas que “liberan” a los representantes y que, por tanto, tiene un coste. Los sindicatos, por su parte, sostienen lo contrario.

 Ingresos:

- Subvenciones finalistas. El gran objeto de la polémica.

Las subvenciones finalistas no pueden considerarse como una vía de financiación de los sindicatos. Forman parte de los ingresos, pero no como una fuente de financiación de la estructura de la organización sino como una cantidad que la Administración otorga para la prestación de un servicio concreto. El sindicato es solo un intermediario que 'presta un servicio'. Estas subvenciones se dirigen principalmente a (cursos de) formación, aunque también pueden destinarse a programas de integración laboral de determinados colectivos, mejora en la paridad…

[Subvenciones finalistas ≠ Financiación del sindicato]

Pese a esta distinción formal, la gran cantidad de recursos que reciben dentro de esta categoría ha sido (y es) objeto de controversia. Son frecuentes las acusaciones de financiación indirecta a través de la reconversión de estos recursos en una fuente de financiación para la actividad principal de los sindicatos. Algo a lo que contribuye la escasa fiscalización de estas organizaciones y que, con un aumento de la transparencia, podría evitarse.

La fiscalización de las organizaciones sindicales no corresponde al Tribunal de Cuentas como en el caso de los partidos políticos. Se realiza de modo autónomo por los sindicatos a través de órganos o comisiones de control económico creadas a tal efecto. En algunos casos se recurre a auditoras externas para mejorar el control de su actividad.


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