La Constitución y la obsolescencia



Son muchas las señales, o muchos los agoreros que así lo ven, que indican que la Constitución ha cubierto su período de vida útil. Es decir, que ha llegado (o está llegando) a su obsolescencia. Eso sí, una obsolescencia no programada, no como quien prevé que un teléfono móvil dejará de funcionar pasados tres años desde su primer encendido, pero sí prevista. El Título X. De la reforma constitucional no es un adorno. Sin embargo, con el paso del tiempo, la rigidez que exige la reforma parece haber transformado la Constitución en un objeto casi sagrado, imperecedero e inmutable. Se ha confundido la importancia de los requisitos para iniciar una reforma, obviamente por tratarse de una Norma Fundamental, con la imposibilidad de iniciar el proceso. Y no sólo por la presunta dificultad para cumplir con lo formal, en 2011 se hizo una minireforma entre café y café, sino por la falta de voluntad para tratar el fondo, el contenido. 

Con el tiempo, la Constitución se ha convertido, además de un marco regulador del Estado de derecho, en un salvavidas del inmovilismo. Ante cualquier rumor de cambio o nuevo debate se reacciona con un grito de: “A mí la Constitución!” (como quien gritaba en tiempos: “A mí la legión!”). Un parapeto para ciertos asuntos desagradables. Especialmente los que tienen que ver con la cuestión territorial. Siempre en el ojo del huracán. Polémica que evidencia la instrumentalización de la Norma o, si me lo permiten, el modo en el que es tomada en vano. Por ejemplo, el descontrol de las Comunidades Autónomas, del que se dice que ha puesto en jaque el bienestar de los españoles y al que se recurre, entre otras muchas argumentaciones, por su fuerte carga de controversia como un factor que impide abrir el debate sobre la reforma del Título VIII. Un descontrol que siempre ha podido ser controlado. Pues nunca ha sido un problema de normas sino de voluntad política. La aplicación correcta, sin necesidad de acudir a fundamentalismos, de lo que la Constitución dice (y el Constitucional ha aclarado o terminado de completar). ¿O no incluye el artículo 135 el mecanismo de Bundeszwang, o coerción federal, para el control de la actividad de las CCAA? 

Antonio Tàpies - Barniz y negro
Aunque sí el más polémico, el territorial no es el único asunto a tratar. Son muchos los temas que, en un hipotético proceso de reforma, se podrían incluir. Desde algo tan “accesorio” como suprimir el orden discriminatorio en la sucesión a la Corona, como la Corona misma. ¿Son cuatro gatos los que hablan de la búsqueda de una forma diferente de Estado? Bueno, igual sí. Hablémoslo y decidámoslo. Pero hagámoslo. Pues ahí está parte del problema. Hoy, como antaño, el debate sobre la Constitución (y casi todo lo político), en términos generales, se le ha enajenado a los ciudadanos. Durante la Transición se decidió que era mejor que una elite llevase el proceso. Primero se sacó a los españoles a la calle, las ansias de democracia, y luego se les dijo que en estas cosas de la política la masa se apasionaba mucho y era mejor dejárselo a los expertos. No es que los ciudadanos se quedarán en su casa, pero sí es cierto que, aparecidos los partidos políticos como instrumentos de mediación entre los ciudadanos y lo político, se recurrió a la vieja estrategia de desmovilización. Lo político quedó tan lejos que no merecía la pena hacer el esfuerzo de alcanzarlo para, finalmente, fracasar en el intento. 

Y así, toda una generación y su idiosincrasia, la que protagonizó la Transición, una de las generaciones políticas más brillantes de la historia de España, ha llegado hasta el presente. Y hacen bien en reclamar su protagonismo y respecto para su legado. Sin duda, pero la admiración, el respeto y la prudencia no deben impedirnos realizar una actualización de la Constitución. La reforma también puede ser leal con el espíritu de la Transición. No con el clima, que evidentemente ha desaparecido, pero sí con la intención de aquellos que más que una Norma que permitiese la construcción de un Estado buscaron un marco de convivencia. España ya no es la misma que en 1978, ni el Estado es el mismo que arrancó tras la Transición y dio el estirón en la década de 1980. La presunta sacralidad de la Constitución no debe esconder, o directamente impedir, el debate sobre cómo queremos que sea España en los próximos treinta años. Que los ciudadanos decidamos el marco de convivencia que deseamos.

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